En toda la provincia de Castelló y el área de gestión 2 de la provincia de València, las diferentes entidades locales han presentado 31 solicitudes a la Convocatoria de Ayudas Residuos 2019 (PIMA Residuos y PEMAR)

02 de abril de 2019,

En toda la provincia de Castelló y el área de gestión 2 de la provincia de Valencia, las diferentes entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades y Consorcios de Residuos), conscientes de la importancia de implantar y tratar los biorresiduos de manera diferenciada, han presentado 31 solicitudes a la Convocatoria de 2019 de Ayudas Residuos 2019 (PIMA Residuos y PEMAR) del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

En concreto,  28 de las solicitudes se dirigen a la puesta en marcha de proyectos de recogida separada de biorresiduos, una solicita un proyecto de compostaje doméstico y comunitario y las otras dos restantes se presentan en la línea de instalaciones de compostaje y proyectos de biogás.

MITECO convoca ayudas para promover actuaciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y avanzar en la consecución de los objetivos de la Directiva 2008/98/CE de Residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), así como en el cumplimiento de los objetivos relativos a las energías renovables.

Estas ayudas, con un presupuesto previsto de 3.721.061,19 €, financiarán proyectos de recogida separada de biorresiduos, proyectos de compostaje doméstico y comunitario, proyectos de instalaciones de compostaje y proyectos de biogás.

Las ayudas se financian mediante los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), cuyo objetivo es impulsar acciones a favor de la mejora del medio ambiente y de la integración de las políticas de calidad ambiental con las de lucha contra el cambio climático, y mediante una línea específica de financiación destinada a la implementación del PEMAR.

La convocatoria de 2018, en la que el MITECO concedió ayudas por importe de 8,7 millones de euros, supuso que las entidades locales movilizaran en torno a 44 millones de euros para efectuar los cambios necesarios en los modelos de gestión de sus residuos para la consecución de los objetivos comunitarios, en consonancia con lo establecido en el PEMAR.